Gobieno pierde batalla contra la cultura
En una decisión de carácter imperativo, un despacho judicial de Bogotá ha dictaminado que el Ministerio de las Culturas y el Museo Nacional de Colombia procedan a reintegrar a sus salas de exhibición un total de 63 piezas artísticas y objetos de valor histórico que habían sido descolgados el pasado 15 de octubre.
La medida responde a una acción de tutela promovida por el legislador Gabriel Becerra, la cual fue analizada y fallada por el juez 24 de Familia de la capital, César Enrique Osorio Ortiz.
El dictamen no solo exige el restablecimiento inmediato de los elementos en sus ubicaciones originales, sino que además prohíbe de manera expresa a las instituciones involucradas volver a retirar obras venideras bajo argumentos fundamentados en matices ideológicos o políticos.
Polémica
El núcleo del conflicto surgió a raíz de una directriz gubernamental orientada a remover de la exhibición pública diversos objetos vinculados a las luchas y reivindicaciones de colectivos feministas, agrupaciones LGBTI, registros de la memoria sobre la violencia política en el país y elementos alusivos al acuerdo de paz firmado en 2016.
Dicha intervención estatal se inscribió dentro de una estrategia conceptual denominada institucionalmente como «contrarrevolución cultural». Entre el lote de piezas censuradas y apartadas del público se encontraban símbolos tan significativos como una bandera representativa del orgullo de activistas sociales, afiches históricos de campañas políticas y el icónico bolígrafo con el que se suscribieron formalmente los acuerdos de paz.
Memoria
El fallo del tribunal generó posturas encontradas en el espectro político y social del país. Por un lado, diversos sectores de la oposición y organizaciones defensoras de los derechos humanos aplaudieron la determinación judicial, considerándola un hito fundamental para la defensa de la pluralidad y la conservación de la memoria histórica plural.
En la orilla opuesta, la ministra de Cultura, Paola Holguín, había sustentado con anterioridad la necesidad de retirar los objetos bajo la premisa de que los recintos culturales del Estado están obligados a mantener una postura de estricta neutralidad frente a la confrontación política coyuntural.
Con este panorama, el debate sobre los límites de la intervención estatal en el patrimonio cultural y la protección de la diversidad de expresiones en los espacios públicos continúa abierto bajo la lupa del ordenamiento jurídico constitucional.
Fuente: ARCÓN CULTURAL
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